Marco institucional

El Ministerio de Energía y Minas (MEM) es el ente rector del sector extractivo y energético en República Dominicana. El MEM fue creado por la Ley 100-13 del 2013, y le corresponde la formulación, adopción, seguimiento, evaluación y control de las políticas, estrategias, planes generales, programas, proyectos y servicios relativos al sector energético y sus subsectores de energía eléctrica, energía renovable, energía nuclear y gas natural, y al sector de la minería. El sector minero se compone de las actividades de minería metálica, no metálica y minería artesanal y a pequeña escala (MAPE).

Para la gobernanza del sector extractivo, quedan adscritas al MEM las siguientes instituciones: la Dirección General de Minería (DGM), el Servicio Geológico Nacional (SGN), así como cualquier organismo descentralizado creado o de futura creación que pueda tener incidencia en el sector minero.

Para la gestión del sector minero, el MEM supervisa y coordina con la DGM los trámites para el otorgamiento de concesiones de exploración y explotación, la fiscalización a las empresas mineras, y la realización de otras tareas relativas a la producción de minerales. El SGN apoya al MEM aportando los estudios y conocimientos necesarios para la correcta administración de los recursos geológicos del país.

Ley No. 100-13 del 30 de julio del 2013, modificada por la Ley No. 142-13 del 03 de octubre del 2013, que crea el Ministerio de Energía y Minas (MEM): El MEM queda encargado de la formulación y administración del sector energético, minería y gas natural. De acuerdo con esta ley, los siguientes organismos quedan bajo tutela del ministerio: Dirección General de Minería, Servicio Geológico Nacional, Comisión Nacional de Energía y Superintendencia de Electricidad.

Para la Ley No. 100-13

Conozca las funciones del MEM

Ley No. 146-71 del 4 de junio de 1971, Ley Minera de la República Dominicana. Entre otros, la ley minera, crea la Dirección General de Minería (DGM), como el órgano gubernamental de competencias técnico minero. La DGM, como dependencia del Ministerio de Energía y Minas se encarga de participar en los procesos de otorgamiento y fiscalización de concesiones mineras; así como realizar evaluar la disponibilidad comercial de recursos minero en el país, entre otros.

Para la Ley No. 146-71

Conozca las funciones de la DGM

Ley No. 50-10 del 18 de marzo de 2010 que crea el Servicio Geológico Nacional (SGN): Se designa al Servicio Geológico Nacional como entidad de carácter científico con la misión de producir, promover el conocimiento y conservar la información geológica básica del territorio nacional, en todas sus variables.

Para la Ley No. 50-10

Conozca las funciones del SGN

Otras entidades vinculadas

La Corporación Dominicana de Empresas Estatales (CORDE) a raíz de haber recibido la administración de títulos de explotación minera no-metálica y las acciones del Estado en la empresa minera Falconbridge Dominicana, S.A., se vincula al sector extractivo dominicano.

CORDE es una institución orgánica de carácter público, la cual fue instaurada mediante la Ley No. 289 del 30 de junio de 1966, con la finalidad de administrar, dirigir, y desarrollar bajo una misma sombrilla, todas las empresas productivas y comerciales, bienes y derechos que habían sido confiscados por el Estado dominicano a consecuencia del ajusticiamiento del dictador Rafael Leónidas Trujillo.

A pesar de ostentar su patrimonio propio, como resultado del establecimiento de la Comisión de Reforma de Empresa Pública (CREP), CORDE adquiere todos los activos de las empresas que en ese momento debían ser disueltas. La CREP fue creada mediante la Ley General de Reforma de la Empresa Pública (No. 141-97) fue promulgada el 24 de junio de 1997, ante la necesidad de dar paso a la inversión y administración privadas con el fin de detener el deterioro progresivo y desaparición que ya había afectado a un número significativo de las empresas que integraron el inventario original, heredado por el Estado a la terminación de la Dictadura en 1961.

En la actualidad, CORDE se encuentra en proceso de disolución, en virtud del Decreto del Poder Ejecutivo No. 16-17 del 19 de febrero de 2017. Esta decisión tuvo como base las recomendaciones de la Comisión creada mediante Decreto del Poder Ejecutivo No. 392-16 del 28 de diciembre de 2016, para investigar denuncias realizadas sobre venta y transferencia de unos terrenos que estaban bajo la responsabilidad administrativa de CORDE. Los resultados del “Informe de la Cámara de Cuentas con relación a CORDE por los beneficios recibidos de Falcondo Xtrata Nickel o Falconbridge Dominicana, S. A.” también han propiciado las decisiones estatales.

La Comisión que actualmente tiene a su cargo la disolución de CORDE, ha asumido el manejo operativo, administrativo y financiero de esta entidad hasta que culmine de manera definitiva el proceso de disolución. Las normas y prácticas que rigen la relación financiera entre CORDE y el Estado dominicano, las transferencias de fondos, el otorgamiento de préstamos o garantías, se encuentran sujetos a la investigación en proceso.

La Comisión Disolutora responsable de CORDE indicó que el Gobierno dominicano, a través del Ministerio de Hacienda, efectuaba el pago mensual de las siguientes partidas a favor de CORDE del monto asignado en el presupuesto nacional: sueldos fijos y de personal contratado; contribuciones a los seguros de salud, de pensión y de riesgos laborales. CORDE no solicitó ningún préstamo o ayuda financiera al Gobierno dominicano”.  La Comisión confirmó, de igual manera, que, durante los años 2015, 2016 y 2017, CORDE no realizó ninguna transferencia financiera al Estado dominicano.

Adicionalmente otras instancias gubernamentales vinculadas en la gestión y supervisión de actividades asociadas del sector extractivo. Entre estas se destacan: el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MIMARENA), encargado de política ambiental, otorgar autorizaciones, permisos y licencias ambientales; el Ministerio de Hacienda, recaudador de rentas fiscales y sus entidades adscritas la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) y la Dirección General de Aduanas (DGA).

En menor grado, otras instituciones que intervienen en temas puntuales del proceso extractivo son la Dirección General de Higiene y la Dirección General de Trabajo del Ministerio de Trabajo que velan por asuntos relacionados con estándares laborales; el Ministerio de Defensa que realiza tareas de inteligencia y reforzamiento de la seguridad en las áreas mineras; y la Policía Nacional que gestiona las labores de seguridad ciudadana en los distritos mineros.