Distribución de ingresos

Los ingresos del Estado son el resultado de sumar toda la recaudación por concepto de impuestos y otros ingresos (tasas, ventas de mercancías y servicios, etc.) establecidos en el marco fiscal del país, además de las donaciones. Estos ingresos financian el gasto público, la inversión y el pago de la deuda.

Por mandato constitucional o normativo hay países que establecen mecanismos de distribución a través de fondos soberanos o de ahorro, fondos de desarrollo, asignaciones municipales o provinciales, u otros destinos con los ingresos provenientes de la explotación de los recursos naturales no renovables.  Estos esquemas son de naturaleza variada y responden a parámetros de distribución preestablecidos.

La República Dominicana cuenta con un sistema de gestión de ingresos y de gasto público, el cual asigna los recursos para el funcionamiento de las instituciones nacionales y municipales del Gobierno Central y a los gobiernos locales a través del Presupuesto General del Estado.

Por otra parte, la Constitución de la República Dominicana establece que: “Los beneficios percibidos por el Estado por la explotación de los recursos naturales serán dedicados al desarrollo de la Nación y de las provincias donde se encuentran, en la proporción y condiciones fijadas por ley” (Art. 17.4). Igualmente, la Estrategia Nacional de Desarrollo (END), establecida mediante la Ley núm. 1-12, incluye la línea de acción 3.5.6.6 que dispone “diseñar y poner en ejecución mecanismos para que los municipios participen de los ingresos generados por las explotaciones mineras, metálicas y no metálicas, establecidas en su territorio y puedan financiar proyectos de desarrollo sostenible”.

El Estado ha establecido mecanismos para transferir una parte de los recursos financieros resultantes de la actividad minera a los gobiernos municipales o fondos de desarrollo establecidos por ley para la administración de estos recursos. Para comprender en detalle la manera de distribución de estos ingresos en República Dominicana, es necesario revisar el modelo de gestión del sector público.