Otorgamiento de derechos

Los recursos naturales no renovables son propiedad del Estado en la mayoría de los países; por lo tanto, los gobiernos establecen instrumentos legales para el otorgamiento de los derechos de exploración y explotación de los recursos mineros, gasíferos o de hidrocarburos. Entre estos mecanismos se encuentran las licencias, concesiones, permisos, títulos o contratos.

Los gobiernos, a través de instituciones especializadas, establecen sistemas para dar seguimiento a los derechos mineros. Un registro minero es un sistema de inscripción, autenticidad y publicidad de los derechos o concesiones mineras otorgadas en un país. Un catastro minero registra la extensión y la titularidad de un área geográfica incluyendo los polígonos compuestos por coordenadas de los vértices de las áreas concedidas. La gestión de esta información le permite a un gobierno garantizar la certeza jurídica sobre los derechos del área de subsuelo concedida y llevar registros sobre las operaciones de exploración y explotación de los recursos disponibles en las áreas geográficas de interés.

En términos generales, un título minero es el instrumento a través del cual un Estado otorga a una persona, jurídica o natural, el derecho a realizar exploración y explotación de minerales de propiedad del Estado en un área determinada, de forma exclusiva, y por cuenta y riesgo del titular, para que este último aproveche económicamente los minerales que extraiga.

En República Dominicana, la Ley Minera 146-71 establece en el artículo 3 que el derecho de explorar, explotar o beneficiar las sustancias minerales se adquiere originalmente del Estado, mediante concesiones o contratos. Las sustancias minerales, de toda naturaleza, que se encuentren en el suelo y el subsuelo del territorio nacional y en el suelo y subsuelo submarino del mar territorial, pertenecen al Estado (artículo 1). Las sustancias minerales definidas en el artículo 2 de la ley son: el guano, las substancias fosfatadas, el mármol, el travertino, y demás rocas ornamentales, el ámbar, el grafito, el carbón de piedra, el lignito, las arenas silíceas y metalíferas, el talco, el caolín y demás arcillas industriales, la sal, el yeso y otras sustancias similares.

En la práctica, los títulos mineros o derechos para la exploración, explotación y beneficio de las sustancias del subsuelo que estuvieron vigentes en el periodo 2016-2018 se otorgaron a través de concesiones y contratos conforme a la Ley Minera. Las concesiones son otorgadas por el Ministerio de Energía y Minas luego de que el solicitante cumpla con los requisitos establecidos. La Dirección General de Minería es la entidad gubernamental que brinda apoyo técnico al ministerio para el estudio y registro de dichas concesiones.

El Estado tiene la potestad de declarar reserva fiscal las zonas con yacimientos mineros que tengan un potencial extraordinario. Estas son áreas correspondientes a una extensión del territorio nacional que el Estado se abroga en base al aprovechamiento de uno o varios yacimientos de recursos geológicos que pudiesen tener especial interés para el desarrollo económico y social de la nación. El otorgamiento de los derechos de uso y explotación de la reserva fiscal o de áreas especiales se realiza por medio de contratos.